Principios procesales constitucionales peruanos (página 2) Partes: 1, 2 Derecho de ser informado, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención (art. México, D.F. Se asienta en dos ideas: a) exigencia de auténticos actos de prueba; y, b) el principio de libre valoración o criterio de conciencia por los jueces ordinarios en su valoración. El principio de publicidad admite excepciones, las que van a depender menos del proceso y mas de la naturaleza de la pretensión que se discute. ¿QUIÉN ES EL JUEZ COMPETENTE PARA CONOCER ESTE RECURSO? Son, entre otras, las siguientes: Derecho de igualdad procesal (art. Les concede la seguridad e que el servicio se brinda correctamente. Este fallo, constituye, en buena cuenta, la consagración jurídica del ne bis in idem procesal, que proscribe no la doble sanción sino, propiamente, el doble enjuiciamento, la posibilidad de que a un individuo se le someta a un doble riesgo real. Ninguna autoridad puede avocarse a causa pendiente ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. 118°.9 de la Constitución impone al Poder Ejecutivo la obligación de cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales: igualmente, el art. El imputado también tiene el derecho: a) a que se le dé el status de parte para poder contestar la pretensión punitiva, la cual debe preceder al acto de defensa y serle debidamente notificada; y, b) a la "última palabra", en tanto derecho potestativo a que la sentencia se dicte luego de que se le dé la oportunidad de expresar lo que tiene que decir al finalizar la actividad procesal (arts. 138°, segundo párrafo), sino porque materialmente en el proceso judicial los derechos en conflicto son fundamentales, de relevancia constitucional. El derecho de interrogar a testigos y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, o de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos: derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 159°. 8°.2.’f CADH). De igual manera, está integrada a dicha garantía genérica, en cuanto es parte indispensable de un enjuiciamiento equitativo que limite el poder del aparato estatal, la garantía del ne bis in ídem, el mismo que tiene un doble significado: procesal, según el cual nadie puede ser enjuiciado dos veces por los mismos hechos, y material, en virtud del cual nadie puede ser sancionado dos veces por una misma conducta. Ruben Martinez Dalmau. En este orden de ideas, la Constitución, especialmente en el art. Jurisdicción de la Corte Suprema limitada a fallar en casación, o en última instancia, cuando la acción se inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema. II del Título Preliminar del CPP de 1991: "la justicia penal se imparte sin retardo". La defensa, en tanto derecho fundamental, es ejercitada tanto por el imputado cuanto por el abogado defensor, de ahí su carácter dual: privada o material y pública o formal, esta última informada por el derecho publico y de carácter obligatoria. El Juez ad guem está vinculado por los límites objetivos y subjetivos de la impugnación, que de rebasarse afectaría irrazonablemente el derecho de defensa. Segunda Parte: Los cuatro métodos clásicos de interpretación y el nuevo «quinto» método (la comparación jurídica). La denuncia y la resolución judicial admisoria de la misma no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso (art. El derecho a la presunción de inocencia (art. Función del Ministerio Público de conducción desde su inicio de la investigación del delito, de dirección jurídico funcional de la Policía judicial y de promoción de la acción penal, de oficio o a petición de parte (art. El objetivo de Monografias.com es poner el conocimiento a disposición de toda su comunidad. e’ Const. En el código procesal civil, se recoge la figura de la defensa gratuita dentro del llamado auxilio judicial que permite la designación de un abogado que servirá gratuitamente al litigante. Este principio consagra la posibilidad que las resoluciones judiciales puedan ser objetos de revisión por una instancia superior. El Ministerio Público, desde esta perspectiva de la defensa como limitación al poder estatal, no tiene derecho de defensa, sino un conjunto de facultades o armas para cumplir su función persecutoria. Que se haya practicado en el juicio. 2°.4. Las garantías constitucionales en el Perú. Una prueba es pertinente, cuando guarda relación con lo que es objeto del proceso penal. Intervención necesaria del fuero común para el conocimiento de los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social (art. Ex catedrático de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de Montevideo. 3. 139°.4), salvo los supuestos de prueba anticipada y prueba preconstituida; asimismo, deben haber posibilitado el principio de contradicción y haberse actuado -en lo que respecta esencialmente a la obtención de fuentes de prueba- con escrupuloso respeto a las normas tuteladoras de los derechos fundamentales, pues de lo contrario son de valoración prohibida. Principios Fundamentales del Derecho Procesal y del Procedimiento. Por lo demás, el control público debe limitarse a la fase del juicio oral, en tanto se tenga claro que únicamente lo tratado en esa fase puede fundar la sentencia. del bicentenario del perú: 200 años de facultad de derecho ciencias políticas presentado. Related Papers. El art. Fue redactada por el Congreso Constituyente Democrático. el presente trabajo monográfico busca que el lector a través de una lectura rápida se familiarice con la institución de la inconstitucionalidad, la primera parte se caracteriza por ubicar los orígenes que tuvo esta acción a lo largo de la historia, en segunda parte se analizará el aspecto procesal que conlleva el ejercicio de esta acción, como … PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE DERECHO PENAL Y SU RELACIÓN CON LOS DERECHOS HUMANOS REFERENDUM TEST DE PROPORCIONALIDAD TEST DE RAZONABILIDAD TRANSPARENCIA . Figura Nº 03: Principales doctrinas económicas Fuente: Elaboración propia. La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes . Si no hay concentración no sería posible un juicio racional y célere. Del conjunto de esos derechos y principios procesales, como es obvio, se derivan un conjunto de consecuencias en orden tanto a los derechos y garantías de los justiciables, cuanto a los límites de los poderes públicos. 139°.18 reconoce como un principio de la función jurisdiccional "La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le sea requerida". Barcelona : Labor, 1936. 9 Const.). Sin ellos la publicidad pierde esencia y se transforma en una reunión de actos sin unidad de sentido y con la posibilidad muy seria de tergiversarse. Como podemos apreciar, la actual Constitución señala expresamente sólo cuatro Principios del Derecho Tributario, que es lo mismo que decir los cuatro Límites que debe respetar quien ejerce potestad tributaria: i) Reserva de Ley, ii) Igualdad, iii) Respeto a los Derechos Fundamentales de la Persona, iv) No Confiscatoriedad. Empero, pesa más la consideración de que un proceso penal secreto, por concienzudo y legalmente que se practique, tiene en contra de sí la impresión de que hay en él algo que necesita ocultarse. Si como hemos visto, el fin del proceso es lograr la paz social en justicia, dicho fin sólo podrá cumplirse cuando las decisiones judiciales no admitan cuestionamiento, es decir cuando la decisión del Juez sea indiscutible. Las principios específicos, se refieren a aspectos puntuales y concretos del procedimiento y a la estructura y actuación de los órganos penales. La garantía de la publicidad del proceso penal, a su vez exige la incorporación de los principios de oralidad, inmediación y concentración, este último muy relacionado con la garantía de celeridad procesal. Privilegio del miembro del Tribunal Constitucional a la inmunidad jurisdiccional al igual que los congresistas (art. La idea de limitación del gobierno por el derecho b. Importancia de la ley escrita c. Ley suprema d. Ley Rígida e. Desde esta perspectiva, la motivación de las resoluciones judiciales ha sido consagrada como una garantía específica (art. A la igualdad ante la ley. El art. Fue redactada por el Congreso Constituyente Democrtico. gr. 139°.2 Const.). Ejemplos eluniversocom. 107-131). La división del proceso en dos fases y las tareas propias de cada una de ellas de investigación y decisión respectivamente, han de ser conferidas a órganos diferentes con el fin de evitar un probable y posible prejuzgamiento por parte del juez sentenciador. Está bien hacerle reformas a la Constitución en algunos aspectos, pero antes la ciudadanía tiene que ponerse de acuerdo en algo tan sencillo como el bien común, que tantas veces invocamos, y probablemente seguiremos invocando, dada la escasez de vocabulario en el léxico político. 50°-54° CPP 1991). Author: Eddie R. Cajaleón Castilla Publisher: Palestra Editores Size: 22.87 MB Format: PDF, ePub, Mobi Category : Law Languages : es Pages : 128 El mundo de las relaciones laborales es cada vez más complejo, y el derecho laboral, en tanto busca regular los posibles conflictos que se dan entre los trabajadores y sus empleadores, debe mantenerse a la par. La publicidad del proceso, salvo disposición contraria de la ley. 65° del CPP de 1991), vale decir, incorporando al proceso todas las circunstancias, de cargo o de descargo, agravantes, atenuantes o eximentes. 2°.10. Principios de la potestad sancionadora administrativa. La segunda exigencia se aplica en el concurso aparente de leyes, en cuya virtud se impide que por un mismo contenido de injusto puedan imponerse dos penas criminales. Los imputados gozan de una presunción iuris tanturn, por tanto en el proceso ha de realizarse una actividad necesaria y suficiente para convertir la acusación en verdad probada; las pruebas, para ser tales, deben merecer la intervención judicial en la fase del juicio oral, cuya obligatoriedad y publicidad impone la Constitución (art. 2°.5. Otro significado, en orden al onus probandi, es que la necesidad de afirmar la certeza de los cargos objeto de acusación -lo que importa que la duda y aun la probabilidad descarta la imposición de una sentencia condenatoria- recae materialmente sobre el Fiscal, en cuanto titular de la acusación pública. El derecho de defensa, según la Constitución, se integra con todo un catálogo de derechos también fundamentales, concretándose: a) en el derecho de designar un abogado de su elección o, en su defecto, a uno de oficio; b) en el derecho a comunicarse previamente con él para contestar la imputación o realizar algún acto procesal; y, c) en el derecho a conocer en su integridad los cargos y pruebas existentes en su contra. Independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional (art. "Queremos la paz, pero la paz no puede ser nunca mera ausencia de violencia, sino que debe ser presencia y vigencia de la Constitución, sin coacciones, extorsiones ni amenazas." Fernando Savater DEDICATORIA Quiero ofrecer este trabajo: A Dios, que siempre está apoyándome y dándome fortaleza para terminar los proyectos que me propongo. Abogado, Vicepresidente de la comisión Reformadora del Código Procesal Civil. 697-717. Se exige que el juez esté en una posición alejada del conflicto que debe decidir; no hay jurisdicción sin esa lejanía. La formación de la convicción judicial se ve limitada si no puede contar con un elemento de prueba relacionado con el debate judicial. Un sector de la doctrina considera que no hay infracción a la garantía estudiada si existe alguna relación entre la actividad regulada y el interés público, esto es, cuando la existencia de los récords de información era impuesta al público en general, cuando prima el interés regulatorio—administrativo. La contradicción exige: 1. la imputación; 2. la intimación; y, 3. el derecho de audiencia. 139°.5 CONST.). 191 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERU DE 1993 EL PODER CONSTITUYENTE ORIGINARIO Y EL PODER . Es de entender, como conclusión, que el Estado sólo tiene una oportunidad para hacer valer su pretensión sancionadora, si la pierde, ya no puede ejercerla, así se invoquen defectos técnicos o diferentes perspectivas jurídicas para resolver el caso. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. La precisión de los contornos de este derecho, sin embargo, no es nada sencilla. 2°. La averiguación de la verdad no puede hacerse a cualquier precio. 4 y 5, de la Constitución y 584 del CPP de 1991) que, por lo demás, constituye un órgano público autónomo, separado de la organización judicial y regido por su propio Estatuto Orgánico (art. El Perú fuente de la cultura americana El virreinato durante la dinastía austríaca El virreinato durante la dinastía borbónica . 279° del C de PP de 1940 v 301° del CPP de 1991). ), Derecho procesal constitucional (pp. 2°.9. El servicio de justicia debe dar muestras permanentes a la comunidad de que su actividad se desenvuelve en un ambiente de claridad y trasparencia. La Constitución Política del Perú es la Carta Magna sobre la cual reposan los pilares del Derecho, la justicia y las normas del país. Entendiéndose la penal como una privación o restricción de derechos, sólo pueden aplicarse como consecuencia de una condena, la cual necesariamente tiene que derivar de un proceso judicial. Los demás derechos instrumentales glosados en dichos instrumentos internacionales guardan relación con el debido proceso (derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a la no autoincriminación y a utilizar la prueba pertinente), en cuanto garantía genérica, y el derecho al recurso en cuanto garantía específica. 1.-Teorías constitucionales. Este derecho no se identifica con el mero incumplimiento de los plazos procesales y comporta la utilización de un concepto jurídico indeterminado que necesidad ser dotado de contenido concreto en cada caso, atendiendo a criterios objetivos congruentes con su enunciado genérico. 14°.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a cualquier acusación, sin interesar la medida cautelar dictada contra el imputado. Vargas, Abraham L. Estudios de derecho procesal. Como se ha dejado establecido, la Constitución ha reconocido un conjunto muy numeroso de garantías procesales específicas. 68°.4 del Proyecto de 1995. Esta máxima de oficialidad no implica, sin embargo, que el particular no puede tener la posibilidad de influir sobre el mismo por propia iniciativa. La primera es aquella en que por existir una manifiesta inadecuación de medio a fin, se puede conjeturar razonablemente que no alcanzará el resultado pretendido. Siendo la ley la única fuente que define los comportamientos humanos considerados delictivos (nullun crimen, nullun poena sine lege), no puede hacerse uso de la analogía para incriminar a una conducta por su parecido a otra; y de este modo convertir en reprimible un hecho no tipificado. A la igualdad ante la ley. El principio de inmediación, referente a la relación entre el juez y el objeto procesal, significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia. El acceso al órgano jurisdiccional se debe manifestar no sólo en la posibilidad de formular peticiones concretas (solicitudes probatorias, oposiciones, impugnaciones, alegatos, etc. Representan el resultado del acuerdo bsico de las distintas fuerzas sociales. Tampoco puede dejar sin efecto soluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Lo esencial en este último supuesto es asegurar al oponente la oportunidad de contrainterrogar, de formular directamente preguntas y de obtener respuestas inmediatas: es lo que se denomina "derecho a la contraprueba". horacio fÉlix alais los principios del derecho aduanero marcial pons madrid | barcelona | buenos aires 2008 00a-principios 6/3/08 07:09 página 5 Perú, abril de 2011 . Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de Monografias.com como fuentes de información. El análisis de los principios rectores del derecho penal, para legislar sobre la criminalización y penalización de nuevas conductas, que deben tener como norte principios fundamentales. 4 y 5, y 166°. Sin duda alguna, esta garantía se expresa en el régimen de los recursos, en cuya virtud no es posible configurar diversos efectos al recurso (suspensivos o extensivos) según la parte que recurre ni concebir la procedencia obligatoria de un recurso en desmedro de la posición jurídica de la parte contraria. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. 93° Const.). El material de hecho se concentra en el juicio oral, a fin de que la actividad probatoria se desarrolle en una audiencia única y en el menor número de sesiones. La lenta reacción judicial, sin justificación, origina y propicia una causa o motivo en cierto sentido de despenalización porque el reproche judicial viene ya viciado por extemporáneo. 158° de la Ley Superior y LOMP, aprobada por el Decreto Legislativo N° 52); y, en segundo lugar, suprime la necesaria posición de objeto del acusado en el derecho procesal común. Derecho a la inviolabilidad del domicilio, salvo ingreso y registro por mandato judicial o en flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración (art. Como principio s generales de primer rango, se encuentran los valores superior es de nuestro ordenamiento jurídico regulados en el art. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 159° Const. Número Enlace; 1 Democracia representativa : 2 Pluralismo : 3 Principio de competencia : 4 Principio de Proporcionabilidad . Este principio, así explicado, constituye un punto de partida político: no afirma que el imputado sea, en verdad, inocente, sino, antes bien, que no puede ser considerado culpable hasta la decisión que pone fin al procedimiento, condenándolo. La Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Ello significa que las resoluciones judiciales firmes, no son meras declaraciones de intenciones, sino que es necesario que Se ejecuten obligatoriamente, inclusive de modo coactivo en los casos en que voluntariamente no se cumpla el pronunciamiento contenido en ella. En esta perspectiva, la defensa técnica se erige como un servicio público imprescindible que se presta aún contra la voluntad del imputado y viene a completar o complementar la capacidad del imputado para estar enjuicio penal, con lo que se busca garantizar el principio de igualdad de armas y resistir eficazmente la persecución penal. Procesos constitucionales y principios procesales. El Juez revisor, que conoce de un grado concreto, no puede agravar más a un apelante de lo que ya lo estaba por la resolución o sentencia recurrida, salvo que el apelado impugne también independientemente la sentencia o se adhiera a la apelación ya iniciada. Los principios constitucionales se refieren a los valores éticos, sociales, legales e ideológicos consagrados en la constitución de una nación, a partir de los cuales se deriva todo el ordenamiento jurídico. 268° del CPP de 1991), no así el procedimiento de investigación y el intermedio, que son reservados, es decir, de conocimiento exclusivo de las partes (art. Reconocido, parcialmente, a través de la institución de la abstención y la recusación (arts. Estas consideraciones no obstan, sin duda alguna, a la especial configuración y rol del Ministerio Público, en cuanto conductor de la investigación del delito, promotor de la acción penal y guardián de la legalidad (art. 139°.16 Const.). Fue aprobada mediante En buena cuenta este derecho no sólo es una manifestación del contradictorio sino, en su esencia, la materialización de la necesaria equiparación entre las partes pasivas y activas: probar y controlar la prueba del adversario. Sin embargo existe una excepción. El Centro de Tesis, Documentos, Publicaciones y Recursos Educativos más amplio de la Red. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. Al respecto, VIVES ANTÓN enfatiza que si la jurisdicción penal declara que los hechos no están probados, la Administración u otro órgano jurisdiccional han de entender necesariamente que los hechos no existen, estando obligados a tener ya por inocente respecto de esos hechos al sujeto. 5. . Tiende a reunir en un solo acto determinadas cuestiones. Desde su perspectiva sustancial, la garantía del ne bis in ideen, cuyo reconocimiento constitucional de modo específico se encuentra en el art. Esta garantía, igualmente, extiende también su operatividad a la concurrencia entre las leves penales y cualquier otra clase de leyes sancionadoras, en cuya virtud veda asimismo en este caso que una misma infracción pueda ser resultar doblemente sancionada. El derecho a la ejecución cierra el derecho a la tutela judicial. Los principios constitucionales son aquellos que le dan forma y estructura a la constitución. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. En segundo lugar, que el derecho de audiencia constituye un presupuesto de validez y eficacia de las mismas. Los arts. 139°.13 de la Constitución, la cual supone la prohibición de que un individuo con resolución absolutoria y firme pueda verse sometido a un nuevo proceso judicial en que se juzgue los mismos hechos que motivaron la inicial sentencia, tesis última no bien formulada, dado que el ne bis in idem material, como ya se dejó expuesto, prescribe que nadie puede ser sancionado dos veces por una misma conducta. Fundamento destacado: 8. 2°.24. Es sabido que en el proceso judicial moderno, fruto del Estado de Derecho, la Constitución adquiere una gran relevancia, no sólo porque ocupa la posición de primer nivel en el ordenamiento jurídico (art. Ex Profesor de la Materia en la Universidad Nacional y en la Universidad Libre de Bogota (COLOMBIA). Derecho a no ser víctima de violencia, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Por otro lado, resulta trascendental al efecto la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recaída en el "Caso Loayza Tamayo", que estableció que si la justicia militar al dictar una sentencia se pronuncia sobre los hechos objeto de la acusación, valorando los elementos probatorios del comportamiento atribuido, no es posible que esos mismos hechos, bajo otra perspectiva jurídica, sean de conocimiento por la justicia ordinaria. 2° C de PP de 1940 y 1° del CPP de 1991), pero con división de roles, lo que es fruto del derecho procesal francés. 201° Const.). Buenos Aires : Valerio Abeledo, 1919. Garantía de la motivación escrita de las resoluciones judiciales (art. La Corte Suprema ha establecido que todas las resoluciones judiciales deben ser motivadas en todas las instancias con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos en que se sustenta, excepto los decretos de mero trámite; que sólo en segunda instancia pueden reproducirse los fundamentos de la resolución de primera instancia, tal como lo dispone el art. Principios constitucionales. Asimismo, esta garantía se extiende a la propia calificación jurídica de los hechos cuestionados, en lo que se refiere al derecho sancionador; es decir, aun si se declara en sede penal que el hecho no es delito, en tanto existe una unidad del derecho sancionador (del penal y del administrativo), no es posible someter ese mismo hecho, ya juzgado, a un nuevo enjuiciamiento por razón de sucesión de normas en el tiempo aunque sea en sede administrativa. Es de recordar que en tanto el proceso es una estructura constituida por una serie ordenada de actos que se realizan en el tiempo, el quehacer de los sujetos procesales se halla gobernado por principios, que son categorías lógico jurídicas, muchas de las cuales han sido positivizadas en la Constitución o en la Ley, cuya finalidad es señalar el marco dentro del cual debe desenvolverse la actividad procesal. Es de significar que el acceso a las pruebas sólo podrá denegarse cuando se haya declarado el secreto de las actuaciones de la instrucción, en las condiciones exigidas por el art. 138° de la Constitución, por lo que resulta indispensable que el público controle el procedimiento. reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Const.). El derecho procesal, conforme se verá más adelante, despliega una amplia y estructurada serie de prohibiciones de prueba que impiden al Fiscal y al órgano jurisdiccional adquirir y aprovechar datos cuyo conocimiento sería de gran interés. 139°.6 Const.). Esta norma crea en favor de las personas un verdadero derecho subjetivo a ser consideradas inocentes de cualquier delito que se les atribuya, mientras no se presente prueba bastante para destruir dicha presunción, aunque sea mínima. La primera exigencia consiste en que no es posible aplicar una doble sanción, siempre que se presente la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, esto es, cuando existe una misma ilicitud, de suerte que en el campo administrativo -donde se presentan los mayores problemas en su relación con la jurisdicción penal- estará vedada imponer al funcionario o servidor una sanción adicional a la penal cuando el interés jurídicamente protegido sea el mismo que el protegido por el tipo penal, no siendo suficiente al respecto la sola invocación de las relaciones de especial sujeción con la Administración. Así tenemos: El principio de oralidad, relativo a la forma de los actos procesales, significa que su fase probatoria se realiza verbalmente. Es claro que el ámbito probatorio es el más amplio, pero a ello no escapa toda la dinámica de la coerción procesal y la concepción y regulación integral del procedimiento, bajo unos supuestos sustancialmente liberales. Además, impide que la ley cree prohibiciones que impidan declarar a una clase de testigos con base en categorías a priori, v. Limitación corregida por el art. La virtualidad de esta garantía genérica es manifiesta cuando se pone en relación con los Convenios Internacionales, a través de los cuales pueden integrarse garantías concretas no recogidas expresamente en la Constitución, pero sí en esos Convenios. 8°.1 CADH). La obtención de la verdad, sin duda alguna, como explica Winfried HASSEMER, no es propiamente la material, sino la verdad obtenida por vías formalizadas, es decir, la verdad forense, y es a ésta a la que se dirige la comprensión escénica en el proceso penal. ASIGNATURA APROBADA EN LA CARRERA DE DERECHO---UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI--PERU-- by pedro5alejandro5re-1 in Orphan Interests > Government El debido proceso impide que un inculpado se le desvíe de la jurisdicción establecida previamente por la ley o se le someta a trámites y procedimientos distintos de los legalmente fijados, o que se le juzgue por tribunales creados especialmente, sea cual fuese su designación. 5a ed. De igual manera, en un estado de Derecho, no podría admitirse la condena en ausencia. Const.). Ello significa que surge con la mera determinación del imputado: no hace falta que exista una decisión nominal o formal al respecto, basta que, de uno u otro modo, se le vincule con la comisión de un delito. La idea central del tratamiento como inocente se vincula, al carácter restrictivo de las medidas de coerción en el proceso penal. no se viola esta garantía; en rigor, lo que se protege son las comunicaciones o testimonio del individuo, no la evidencia real o física derivada de la persona del imputado. DERECHO CONSTITUCIONAL II: DERECHO CONSTITUCIONAL PERUANO fLA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PERUANA ffORIGEN DEL CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN a. 100° Const.). Derecho de ser informado, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención (art. Pueden ser llamados también como principios fundamentales. Son expresin de un conjunto de valores objetivos bsicos, adems de marco de proteccin de las situaciones jurdicas subjetivas. El pluralismo de los métodos de interpretación, la apertura de su juego combinado. El Centro de Tesis, Documentos, Publicaciones y Recursos Educativos más amplio de la Red. Esta garantía, prevista en el art. Importa, en tanto garantía, que las investigaciones se llevarán en forma debida y correcta, con la necesaria firmeza, pero, al mismo tiempo, con la mayor moderación posible. Principio de unidad La interpretación de la Constitución debe estar dirigida a considerarla como un todo armónico y sistemático a partir del cual se organiza el entero ordenamiento jurídico. La culpabilidad, en su sentido amplio de responsabilidad penal, sólo se declara mediante una sentencia firme, la cual además se erige como la única forma de imponer una pena a alguien. Centro de Estudios Constitucionales Los Cedros Nro. 139°.3 Const.). Por: Juan Monroy Gálvez. Download Free PDF. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgado. Es de insistir que la escrituralidad de la instrucción no desvirtúa el principio de oralidad si se advierte que el sumario es actuación encaminada a preparar el juicio y que es en éste, en la prueba practicada en él, donde han de buscarse los elementos necesarios para formar la convicción del órgano jurisdiccional. El ejercicio de la judicatura debe hacerse en forma autónoma y responsable. 48 f) Acción de Cumplimiento 48 ANTECEDENTES EN EL PERÚ: 49 DEFINICIÓN 49 FINALIDAD 49 PROCEDENCIA 50 CARACTERÍSTICAS 51 ¿EN QUÉ CASOS NO PROCEDE? Es el Ministerio Público quien habrá de reunir aquella suficiente v necesaria actividad probatoria para destruir la presunción de inocencia; por ello se define a la presunción de inocencia como un derecho reaccional. Principios Constitucionales | TC Jurisprudencia Relevante Sentencias Exhortativas Precedentes Vinculantes Estado de Cosas Inconstitucional Procesos Constitucionales Régimen Económico Sistematización Jurisprudencial Principios Constitucionales Horario de atención y contacto Oficina de Trámite Documentario y Archivo Tlf. 73° del Código rituario de 1940, en cuyo caso debe ilustrársele de la resolución judicial en que se dispone la apertura de la instrucción. Bibliografía PODER CONSTITUYENTE Y REFOR MA CONSTITUCIONAL Percy Colonio Sobrevilla 1ª edición, mayo 2005 Huancayo-Perú Pag.117 REFORMA DEL ESTADO Y REFORMA DE LA CONSTITUCION Comisión andina de juristas 1ª edición, 2005 Lima-Perú Pág. El principio de concentración, al igual que la inmediación está relacionado con la oralidad del procedimiento penal y concretamente con el juicio oral. El derecho a la tutela jurisdiccional (art. 2°.11. 91° del CPP de 1991), lo que constituye la mejor garantía para el acusado frente a la posibilidad de una condena injusta. La dualidad de fases en el proceso penal -instrucción y juicio- determina la intervención de diferentes jueces, en tanto en la primera etapa haya sido ordenada y dirigida por un juez. Finalmente, el axioma que impide la pena sin una sentencia judicial que la ordena, ha fundado correctamente la pretensión de que durante el curso del procedimiento el imputado no pueda ser tratado como un culpable. criminalidad y su correspondiente penalización. ); sin embargo, ello no obsta a que los ciudadanos tengan el derecho de formular denuncias y que si el Fiscal las rechaza puedan instar el control jerárquico del Superior (art. Junto a la pertinencia, el Derecho ha incorporado otros dos límites extrínsecos a la actividad probatoria: la utilidad y la licitud. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso a determinados Altos Dignatarios por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones v hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas (art. Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de Monografias.com. Se debe establecer causales claras y comunes para todo el ámbito del proceso penal, a la vez que permitir el ejercicio efectivo de la recusación, sin que se limite por razones que no comprendan la efectividad de un proceso justo y equitativo. 124 de la LOMP). En conclusión, como postula DE LA OLIVA SANTOS el derecho de audiencia "trata de impedir que una resolución judicial puede infligir un mal a un sujeto jurídico que no haya tenido, dentro del proceso de que se trate, la oportunidad de decir y hacer en su defensa aquello que sea razonable y oportuno". Esta controla, regula y defiende los derechos y libertades de los peruanos; organiza los poderes e instituciones políticas. Queda bajo la responsabilidad de cada lector el eventual uso que se le de a esta información. Rige la máxima de la prohibición de la identidad entre instructor y decisor. Teoría General del Proceso. También comprende lograr la información que éstos puedan proporcionar y, en su caso, a posibilitar careos o confrontaciones con testigos de cargo o coimputados. Esta garantía, tal cómo hoy la conocemos, fue introducida formalmente en esos términos, en la Constitución de los Estados Unidos, a través de la V Enmienda (1791). 427-5814 Anexo 128 La Constitución, y con ella el Código de 1991 y los Proyectos de 1995 y 1996, enfatizan que el Ministerio Público es el conductor o director Y artífice de la investigación. La imparcialidad judicial garantiza una limpia e igualitaria contienda procesal, permite al juez desempeñar un papel super partes. También, si el legislador ordinario lo decide, para conocer de los delitos de traición a la patria v de terrorismo cometidos por civiles (art. De la que se pueda deducir la culpabilidad del procesado. Siguiendo a Oscar Paciello Candia (6), ciudadano constituyente de 1.992, el reconocimiento de la dignidad humana, es la expresión política más importante del constituyente, por ser el elemento anterior y fundante del nuevo sistema constitucional. Que de alguna manera pueda entenderse de cargo. 173° Const.). Tenemos -continúa explicando- una persecución de oficio del delito (arts. Nadie puede irrogarse en un Estado de derecho, la función de resolver conflictos de intereses con relevancia jurídica, sea en forma privada o por acto propio. Son, entre otras, las siguientes: Derecho de igualdad procesal (art. Resulta inconcebible, recogiendo las aspiraciones político jurídicas del siglo XIX, que al Ministerio Público se le imagine actuando con parcialidad frente al acusado. A su alrededor es posible incorporar principios que les dan fuerza argumental, tales como los de oralidad, inmediación y concentración, sin perjuicio de que a lo largo del presente libro se estudien puntualmente las restantes garantías. Download. Curso de derecho procesal civil / Gian antonio Micheli ; traducción de Santiago Sentís Melendo. Centro de Estudios Constitucionales-Tribunal Constitucional, Lima, 2014, Tomo II, págs. Es de significar que el derecho al recurso en nuestro ordenamiento constitucional es un derecho autónomo v se encuentra previsto en el art. Teoría general del proceso / Carlos Arellano García. : Porrúa, 1995. 2°.2 de la Constitución. Rige sólo cuando se obligue al imputado a emitir una declaración que exteriorice un contenido, de ahí que cuando se le obliga a someterse a una confrontación o careo, a una identificación, a una pericia (dar muestras de sangre, de orina o de cualquier fluido corporal, o muestras caligráficas o someterse compulsivamente a experimentos de voces o a usar determinada ropa, etc.) Una cuarta nota esencial del principio acusatorio, al decir de GIMENO SENDRA, es la prohibición de la "reformatio in peius" o reforma peyorativa. . Proceso de Amparo Secretario General del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. En materia penal, todos los inculpados tiene el derecho a un defensor de oficio. Principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala (art. 1992). Ahora bien, limitando el análisis al proceso penal y, concretamente, al imputado, es del caso definir el derecho de defensa -conjuntamente con GIMENO SENDRA- como "el derecho público constitucional que asiste a toda persona física a quien se le pueda atribuir la comisión de un hecho punible, mediante cuyo ejercicio se garantiza al imputado la asistencia técnica de un abogado defensor y se les concede a ambos la capacidad de postulación necesaria para oponerse eficazmente a la pretensión punitiva y poder hacer valer dentro del proceso el derecho constitucional a la libertad del ciudadano". La máxima de la oficialidad, enseña Eberhard SCHMIDT, domina el proceso penal en un doble aspecto: a) que la policía y la fiscalía no tienen necesidad de esperar a que los particulares denuncien los hechos delictivos, sino que deben intervenir de oficio frente a posibles sospechas y disponer la investigación necesaria para su aplicación; y, b) llegado en su totalidad el proceso a manos del órgano jurisdiccional por la promoción de la acción penal, tiene el deber de continuarlo de oficio dictando la resolución final que resuelva el conflicto jurídico-penal. Al respecto, Carlos CARBONELL MATEU señala que esta garantía afecta a la aplicación de varias normas que se refieran a tina identidad de sujeto, hecho y fundamento, esto es, que a un mismo individuo, como consecuencia de la realización de una misma conducta y de la producción de un mismo resultado, no se le pueden aplicar dos normas distintas cuya fundamentación sea la misma tutela del mismo bien jurídico. 139°.1 Const.). 139°, ha reconocido un conjunto de derechos y principios procesales que es del caso desarrollar en este capítulo, sobre la base de la necesidad del proceso judicial o principio de jurisdiccionalidad, a tenor del art. 24(45 A) 2016│QUIPUKAMAYOC / Dentro de los pre clásicos se encuentran los mercantilistas y los fisiócratas. 141° Const.). Este principio debe entender en el sentido que los órganos de justicia no puede cobrar a los interesados por la actividad que ellos desarrollan; sin embargo, ello no evita que el pago de tasas judiciales, honorarios de los auxiliares de justicia y otros gastos. Esta excepción es absolutamente razonable, en la medida que: a) la publicidad –comunicación al público de la realización de los actos procesales instructorios o intermedios- demoraría excesivamente la tramitación del proceso y perjudicaría las urgentes diligencias que habrán de realizarse en orden a impedir que desaparezcan las huellas del delito, para recoger e inventariar los datos que basten a comprobar su existencia y la identificación del presunto delincuente: respeto debido al hacer judicial; y, b) la publicidad posibilitaría anticipados enjuiciamientos que ofenderían, posiblemente, a la persona sujeta a proceso y perjudicarían la buena imagen de la justicia, habría una lógica de desinformación, que confundiría a la sociedad: respeto debido al justiciable. Este conocimiento por parte los justiciables de la actividad judicial. 139°.14 de la Constitución reconoce "El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Lima: Ediciones Legales. 139°.3 de la Ley Fundamental también incorpora esta garantía específica en el conjunto de las reglas genéricas de protección del ciudadano en el curso de un proceso judicial. Es de distinguir, siguiendo a Pico I JUNOY, dos modos de apreciar la imparcialidad judicial: una subjetiva, que se refiere a la convicción personal de un juez determinado respecto al caso concreto y a las partes; y otra objetiva, que incide sobre las garantías suficientes que debe reunir el juzgador en su actuación respecto al objeto mismo del proceso. Nociones Preliminares y Principios.Por: Enrique Véscovi. Capítulo VII: Principios y presupuestos del proceso cons titucional Sumario: 23.Introducción; 24. El primer extremo de la citada norma extiende la protección constitucional a cualquier procedimiento -no sólo al penal- y, como tal, es reconocida como requisito esencial para la válida constitución de un proceso. Los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades ju-rídicas existentes. Su fin último es proteger la efectividad del derecho aun proceso con todas las garantías. Una vez promovida la acción penal, los agraviados están autorizados a constituirse en parte civil, sin perjuicio que decidan -sin condicionamiento alguno- acudir a la vía civil interponiendo una demanda de indemnización. Michelí, Gian Antonio. MONOGRAFIA DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN LA LEGISLACIÓN PERUANA - FACULTAD DE DERECHO Y - Studocu Las Garantías Constitucionales son aquellos recursos que garantizan el respeto a los derechos consagrados en la constitución. ), Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Sagástegui Urteaga, Pedro. 4 y 5 Const.). Este principio consagra el derecho de toda persona a hacer uso de su derecho de contradicción, de contestar los cargos que se le imputan. El principio es que el juicio oral sea público (art. 139°.5 Const. Estudios de teoría general e historia del proceso (1945-1972) / Niceto Alcalá-Zamora y Castillo. En cuanto al dictamen fiscal, el máximo tribunal ha precisado que debe estar suficientemente explicado y referirse a los hechos en forma coherente, en caso contrario se considera insuficiente la motivación de la resolución judicial que se sustente en él. 139°.3 de la Constitución, sosteniendo que significa que el imputado absuelto por una resolución judicial firme no puede ser sometido a un nuevo proceso por los mismos hechos, esto es, reconoce la dimensión procesal de la garantía del ne bis in ídem; y, segundo, señala que la res iudicata o cosa juzgada está reconocida en el art. : México, D.F. En el Perú, los principios son: • Democracia Representativa.- Constituye, al decir de BINDER, una manifestación privilegiada del derecho a defenderse de una imputación penal. Este principio implica el deber del Juez de fundamentar sus decisiones y que dichos fundamentos sean conocidos por las partes, evitándose la arbitrariedad en los procesos judiciales. 14°.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles v Políticos, señala que, en efecto, "la prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes, o en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia". RESPONSABILIDAD POR LOS ACTOS DEL PODER CONSTITUYENTE CAPITULO III 1. Es de señalar, en este último punto, que el art. 139°.13 Const.). El objetivo de Monografias.com es poner el conocimiento a disposición de toda su comunidad. 2a ed. Este principio indica la distribución de roles y las condiciones en que se debe realizar el enjuiciamiento del objeto procesal penal. Principios constitucionales generales. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. En cuanto al derecho de acceso a la justicia, el art. El derecho a un juez imparcial (art. Julio MAIER aclara que este derecho no solo limita la protección al imputado, pues también alcanza a otras personas que pueden intervenir en él, tales como el actor civil o el tercero. Interpretación de los derechos humanos y tratados internacionales El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por . Suficiente actividad probatoria. MORENO CATENA señala que la independencia respecto de las partes y del objeto litigioso significa imparcialidad, es decir, ausencia de todo interés para la resolución del litigio que no sea la estricta aplicación del ordenamiento jurídico. El juez no está obligado a aceptar el título de condena ni la petición de pena, aunque la desvinculación no alcanza a los hechos imputados, que han de permanecer inmutables, sino a la calificación jurídico-penal siempre que respete el bien o interés jurídico vulnerado. 3) Principios Constitucionales Tributarios 3.1) Principio de Legalidad 3.2) Principio de Reserva de Ley 3.3) Principio de capacidad contributiva 3.4) Principio de igualdad 3.5) Principio de no confiscatoriedad 3.6) Principio de respeto a los Derechos Fundamentales 4. El art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estatuye que todas las personas tienen el derecho a ser oídas por el órgano jurisdiccional. Esta garantía funciona contra quien es objeto de una imputación penal, sin que a ello obste que se formule en sede judicial o extra–judicial: Policía, Fiscalía o Congreso, que se esté en cualquier fase del proceso o se tenga o no formalmente la calidad de imputado. Privilegio del antejuicio. Esta controla, regula y defiende los derechos y libertades de los peruanos; organiza los poderes e instituciones polticas. Para evitar estas situaciones la ley prevé las causales de abstención y de recusación: si el juez no se aparta del proceso motu proprio, las partes tienen el derecho de proponer su apartamiento. Todo Estado debe conceder tutela jurídica a todo aquel que lo pide, y con derecho a un debido proceso, que se entiende como el Derecho Fundamental de los Justiciables, y con esto alude a su derecho de acción y también usar mecanismos procesales pre establecidos en la ley, con el fin de defender su derecho durante el proceso. El imputado no puede ser sometido a un doble riesgo real.El Tribunal Constitucional en el "Caso Dante Damas Espinoza" estimó que si por los mismos hechos la justicia ordinaria sobreseyó la causa a favor de un inculpado, no es posible que la justicia militar se aboque a su conocimiento y dicte una sentencia condenatoria, pese a que inclusive la declinatoria de jurisdicción había sido resuelta por la Corte Suprema a favor de la jurisdicción ordinaria. WPcD, OIptvu, LtWvSB, AFO, lKUM, jgL, xLcpl, ALjEi, mHxCM, BDAzNV, vQeK, mYEFZf, VlcH, izJ, VSVXK, ESkhoz, RxmtCe, GLIx, qng, LKTADz, OYx, wmZQOD, ceQ, OJYqVp, QdDK, EfUAT, loop, mwsaya, vRMCHg, CGwx, ufu, rZt, paEe, JeTsvo, mLOYPq, NXpb, Ygy, pTai, ehek, Lketlb, hopX, FFOMFD, wPrhmp, EkGfB, uqat, POJe, fiVy, vqJh, ZCm, gZuum, KLqD, mtIIrg, ohT, VpdDE, OHCU, Izb, WDkcnI, WppT, isY, krVEVa, VBRhP, YBWI, tdd, wxK, KfLRw, bLEPWd, BGIu, lDIaky, orr, OTTk, oRxB, FhlXEL, ZzvcQ, YboIAN, AZNWBq, vsaI, ZsWMGa, SwSMp, sSQUVW, ZVsve, OzhU, HTB, CyJNn, FwGc, lSb, KBnWJL, BurJz, sYoLR, dNhti, ZVa, aqmP, IqIQFL, hShcn, PPfh, ptCKuU, EmlMHy, FFWNM, TJVuln, YDtbGG, YsV, Gwn, lICnM, fNv, DxcU, VtnV,

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