[5]  Aprobado por Decreto Supremo N° 238-2011-EF y normas modificatorias  Revisar: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-04normasoc.htm. Teoría de las Obligaciones en el Derecho Moderno, Volumen VII, Páginas 259 y 260. No son meros incumplimientos formales, sino actos con trascendencia dañosa para obtener fraudulentamente un beneficio indebido en perjuicio del fisco. Fundamentos destacados.- Cuarto. Por último, la potestad de producción normativa en forma originaria en materia de derechos arancelarios no puede ser utilizada como justificación para sostener que un reglamento puede ser incompatible con una norma con rango de ley, pues, de acuerdo con la Constitución, el Poder Ejecutivo se encuentra sometido a: (i) la Ley, en virtud del principio de legalidad, y (ii) al control de constitucionalidad a cargo de los jueces. conforme con los principios de presunción de inocencia y debida motivación, se verificó si existía suficiente actividad probatoria pararatificar los extremos absolutorios ycondenatorios respecto a cadasentenciado. El estudio de esta jurisprudencia resulta de particular interés, pues permite advertir en la práctica la forma como los distintos jueces y tribunales han logrado aplicar el principio de máxima transparencia. 26740 resultados para jurisprudencia tributaria. 18-19. [R.N. La potestad tributaria en materia arancelaria se extiende no sólo a la fijación de la alícuota de los aranceles, sino que permite la creación misma de derechos arancelarios, como el Derecho Variable Adicional del Sistema de Franja de Precios. ��a�3�,���TK��9�a~}����/���L�@Pԯ?�1�+L��e�����i��7~sc��˅�4!AC�����Z��O��z�4J��Q��� ���q�ǰ�X�-T�:�i��|�Ʃ*a�~�C����&2U�!p��Qo�'����.�^��$/R�����%�xt�e/��*Q�Q�U�U|�ֺ\����N(.P�Ӭ͹�o�E���z��~V���Q\�z��0zp�͜��*kB�����C��I9϶�z]�(��7�O��� ¿Hasta cuándo las entidades públicas podían identificar contratos CAS a plazo... TUO del Código Procesal Civil [actualizado 2022], Nuevo Código Procesal Penal peruano [actualizado 2022]. Así, resulta incuestionable que la empresa Medina Ingenieros S. A. registró en su contabilidad las facturas adulteradas por servicios no reales que, finalmente, fueron declarados ante la Sunat y generaron que dicha empresa se beneficie con crédito fiscal indebido. Su utilidad es fundamental para los operadores jurídicos. Según autos caratulados: "Perez María y González Pedro divorcio". Indicó que su conducta se orientó a cambiar facturas tras la adquisición real de bienes y servicios por otras que contenían mayores precios para obtener hasta S/ 25 000 (veinticinco mil soles). Las leyes tributarias y normas de rango equivalente. Empero, esto no implica que el ejercicio de esta atribución pueda ser ejercida por el Poder Ejecutivo al margen del principio de jerarquía que nuestra Constitución reconoce, dejando de lado los principios y criterios generales que las normas de superior jerarquía prevén para tal fin. Del mismo modo, se explicará cómo el Tribunal Constitucional ha ido desarrollando los alcances de este principio. . Más aún, la misma ya estaba contenida en el anterior Código Tributario, aprobado por el Decreto Legislativo N° 773. 56 0 obj <>/Filter/FlateDecode/ID[]/Index[49 17]/Info 48 0 R/Length 56/Prev 26225/Root 50 0 R/Size 66/Type/XRef/W[1 2 1]>>stream No obstante, no se acreditó la existencia de las facturas reales, a fin de establecer la diferencia entre lo adquirido y declarado, pues el total de las supuestas compras declaradas ascendió a S/ 19 668 998 (diecinueve millones seiscientos sesenta y ocho mil novecientos noventa y ocho soles), por lo cual resulta cuando menos inverosímil que solo se haya beneficiado con S/ 25 000 (veinticinco mil soles). De allí que, en la medida en que el Ejecutivo no puede válidamente sustituir al Legislativo en una función que le es tan esencial como la materia tributaria, es que resulta impropio constitucionalmente que se interprete que los límites del artículo 74° de la Constitución son inaplicables a los Decretos de Urgencia durante el interregno. Todas las sanciones tributarias deben estar expresamente contempladas por la norma, y cada una obedece a un tipo de irregularidad o incumplimiento. EY México. P. 30-36. Adjunto a la presente encontrará el texto de las Resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Fiscal que se refieren a diversos supuestos de obligaciones cuyo acreedor es el Estado, en donde se discutió su naturaleza tributaria. La reparación civil en estos delitos está en función a la deuda tributaria. De conformidad con el Artículo 74º de la Constitución Política del Perú, los aranceles se regulan mediante decreto supremo. En atención al debate en torno a la reforma y el fortalecimiento de la justicia constitucional tributaria, el Centro de Estudios Constitucionales presentó este volumen, que tiene dos secciones. Los operadores del Derecho tenemos que analizar con cuidado los caminos legales a seguir para hacer valer estos criterios sin necesidad de llegar hasta el angustiante escenario de una cobranza coactiva, considerando que los mismos, por su naturaleza, deberían replicarse en otros casos similares. 5 julio, 2021. Entrevista con…. Tomando en cuenta lo anterior, este Tribunal Constitucional estima necesario evaluar si es posible extender la regla de no confiscatoriedad de los tributos — establecida en el artículo 74° de la Constitución — a los intereses moratorios. endstream endobj startxref Tu dirección de correo electrónico no será publicada. ¿Te animas a…. Aunque el contribuyente perdió, no tendrá que pagar ISR. 1er Fallo de Precios de Transferencia en Panamá. Nota explicativa y agradecimientos. Se declara fundada la apelación de puro derecho contra las Resoluciones de Determinación emitidas por Impuesto al Patrimonio Vehicular respecto de varios vehículos, y se dejan sin efecto dichos valores, dado que tales vehículos pertenecen a la clase remolcador, por lo que no se encuentran dentro del ámbito de aplicación de dicho impuesto según el criterio contenido en la RTF N° 03708-8-2012 que... La inafectación en materia tributaria tiene que ser expresa y el artículo 37 literal a) del decreto legislativo n° 776 no ha considerado a los organismos públicos descentralizados, entre aquellos cuyas propiedades se encuentren inafectas del impuesto al patrimonio vehicular. a. Cabe mencionar que, esta interpretación es compartida por parte de la doctrina jurídica[13] al señalar que si el segundo párrafo del artículo 74, designa dos titulares de poder tributario, el primer párrafo, al enunciar que para la creación de todo tributo se requiere una ley “salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo”, parece indicarnos que el Poder Ejecutivo ha recibido poder tributario originario para la creación, modificación, y derogación de tasas que no son las de gobiernos locales y regionales. La competencia atribuida es obligatoria, pero no exclusiva y excluyente, pues ello no fluye del texto constitucional. Inscríbete para recibir boletines de jurisprudencia importante de la Corte Suprema. Tapia Rojas, Alfonso Octavio (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-09-01) El presente trabajo de investigación aborda a la queja desde su naturaleza . Ver: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds457_s.htm, [11] Ver: RTF N° 09239-A-2011, N°11269-A-2007, N° 08830-A-2008, N°11010-A-2013, entre otras. El portal jurídico más leído del Perú. así como distintos índices de búsqueda de jurisprudencia casacional en materia tributaria dictada en los años 2017, 2018 . Sanción por no declarar. Fundamento destacado.- Cuarto: Que, frente a dicho juicio de culpabilidad, si bien existe la negativamente persistente del encausado Gallardo Ojeda –ver sus declaraciones de fojas cincuenta y nueve, doscientos setenta y cinco,  cuatrocientos noventa y nueve, seiscientos sesenta y seiscientos sesenta y siete–, amparado erróneamente en el hecho de haber cancelado en su totalidad la deuda tributaria, porque con anterioridad a su denuncia, la Sunat había aprobado mediante resolución número mil quinientos diez billones, ciento setenta millones cincuenta y cuatro de fojas trescientos doce del veintiocho de junio de dos mil cinco, su solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento tributario; sin embargo, habiéndose consumado el delito atribuido a éste desde el momento que dejó de pagar, total o parcialmente los tributos señalados en la pretensión fiscal, el fraccionamiento que obtuvo no constituye causa material de exclusión de punibilidad, conforme a lo establecido en el fundamento jurídico trece del Acuerdo Plenario número dos – dos mil nueve / CJ – ciento dieciséis, del trece de noviembre de dos mil nueve; por lo que, los agravios consignados en su recurso impugnatorio resultan infundados. Es así que, cuando se establece el Sistema de Franja de Precios se estableció que la alícuota del derecho específico sería variable con el fin de aplicar Derechos Variables Adicionales al arancel ADV; por lo que, en realidad se habría puesto en práctica Derechos Mixtos[8]. Por tanto, no corresponde tomar como referencia a las tablas vigentes a la fecha de embarque de la mercancía, pues, de acuerdo con la Ley General de Aduanas, la obligación tributaria nace a la fecha de numeración de la declaración, siendo esta última norma la referente para la aplicación de derechos e impuestos. 19068-1985 da cuenta de un ejemplo en donde, en forma consciente o no, se habría utilizado un planteamiento de este tipo por el Tribunal Fiscal (TF). 1. Solo corte superior. El principio general sobre la retroactividad de las normas tributarias se recoge en el artículo 10.2 de la Ley General Tributaria (LGT) -teniendo naturaleza interpretativa de la norma tributaria-: "Artículo 10. del Código Procesal Penal. Jurisprudencia Tributaria Práctica (12.ª Edición) eBook : Fayos Cobos, Cristino, Cuesta Cabot, Gerardo, Cartelle Toimil, Carolina . Primero vinculándolo con el principio de legalidad . El imputado renunció a la empresa y se alejó de la misma el diez de abril de mil novecientos noventa y cinco, desde allí empieza a contarse el plazo de prescripción. Del Art. Rellenaba mayores precios para obtener un dinero extra, el cual se quedaba (ascendente a veinticinco mil soles). Los campos obligatorios están marcados con, http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03116-2009-AA.html, http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03116-2009-AA%20Aclaracion.html, https://mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/econ_internac/resoluciones/Anexo_RM005_2006EF15.pdf, http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-03normasoc.htm, https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/20-val_01_s.htm, http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-04normasoc.htm, https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds457_s.htm, http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2013/A/2013_A_11010.pdf, http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2011/A/2011_A_09239.pdf, http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/8768/9154, http://www.aele.com/sites/default/files/archivos/anatrib/08.03%20AT.pdf, http://www.elperuano.com.pe/PublicacionePCA/EPPublicacionF.asp, Colombia: El caso del can Clifor: considerado como parte de una familia multiespecie, en consecuencia, debe tenerse una especial consideración con el can | Beatriz Franciskovic Ingunza, Marco normativo del uso arbitrario de la fuerza por la Policía Nacional del Perú en contextos de protestas sociales | Juan Carlos Ruiz, Formal Constitution and Material Constitution in Peru after the presidential vacancy. Añadió estar arrepentido, pues no quería causar perjuicio al Estado. E. T. I. I. de la Oralidad Civil. La regla de capitalización de intereses moratorios establecida en el artículo 33° del Código Tributario, que estuvo vigente hasta la modificación dispuesta por el Decreto Legislativo N° 969[1], es claramente excesiva y resulta inconstitucional al transgredir el principio de razonabilidad de las sanciones administrativas reconocido por la jurisprudencia constitucional. Introducción. Decisión Nº AP41-U-2016-000089 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-10-2017. declara PARCIALMENTE CON LUGAR, el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la sociedad mercantil CORPORACION CANDYVEN, C. A. La jurisprudencia[22]ha interpretado que de ello se deriva que la renuncia a la prescripción con respecto al impuesto no involucra la renuncia con respecto a las sanciones que pudieran corresponder. La acción penal prescribió el diez de abril de dos mil trece. No termina de quedar muy claro si a lo que apunta el TC es a que se está violando el derecho al debido proceso, en su faceta de limitar el derecho a recurrir en sede administrativa, o a que el devengo de intereses moratorios ocasionados por la demora de los órganos resolutores más allá del plazo legal y no atribuible al contribuyente resulta una situación injusta y violatoria del principio de razonabilidad de las sanciones administrativas, ya comentado. Salvo que se disponga lo contrario, las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo y se aplicarán a los tributos sin . Ciertamente es problemático hacerlo. Poder Judicial del Perú ::. Por su lado, los impuestos o tributos son las p restaciones dinerarias que deben entregar las personas naturales y jurídicas al gobierno por la actividad que desempeñan. Para lo cual se basa en la aplicación de dos elementos fundamentales: a) Tabla Aduanera de Derechos Variables Adicionales y Rebajas Arancelarias, que contiene los niveles de Precios Piso y Techo (expresados en términos CIF) que enmarcan la Franja de Precios; también contiene el monto de los Derechos Variables Adicionales y las Rebajas Arancelarias. Si eliges "Especializada", ingresa los criterios que te solicitan y haz clic en "Buscar". URL: b. El cómputo de los intereses moratorios durante el trámite del procedimiento contencioso tributario lesiona el derecho a recurrir en sede administrativa así como el principio de razonabilidad de las sanciones. Cada vez que llegaba a Lima, Maldonado Padilla le daba cuenta someramente y con documento simples. 3 Cuadernos de Jurisprudencia Tributaria No.18 "La Prescripción de la Obligación Tributaria. En ese sentido, resulta válido que se aplique un Decreto Supremo que regula materia arancelaria, emitida de acuerdo a la competencia otorgada por la norma constitucional, por sobre una norma con rango de ley que regula materia tributaria o materia tributario-arancelaria. Al respecto, cabe mencionar que sobre dichas disposiciones constitucionales, la jurisprudencia del Tribunal Fiscal y parte de la doctrina jurídica han tenido diversas interpretaciones contradictorias entre sí. Actual flujo comercial de mercancías bene\xEF". Bienvenido a nuestro web que permite visualizar jurisprudencia civil, procesal civil y comercial de la Corte Suprema del Perú, seleccionada, ordenada en forma que se encuentre fácilmente, con sumilla y a texto completo. la prueba testifical de cargo establece la participación de los encausados en el delito de secuestro. Por su parte, cierta doctrina jurídica[14] señala que nuestra Constitución ha asignado al Presidente de la República la competencia para regular los aranceles vía decreto supremo. El principio constitucional de igualdad en materia tributaria en la jurisprudencia oscilante y relevante del Tribunal Constitucional desde 1996 hasta el 30 de junio de 2020. En virtud de ello, no lo supervisaba cuando aquel realizaba compras y demás operaciones con los proveedores. 2341-2018, Lima], Defraudación tributaria: ¿principio de confianza aplica al gerente que alega desconocimiento de ilícitos cometidos por su contador? Siendo que, en el 2021, con la entrada en vigor del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA IV) y su Reglamento (RECAUCA IV) desde el 1 de mayo, así como en el 2022 con la reforma a la Ley General de Aduanas que entró en vigor el 29 de junio, se dieron cambios importantes en el Régimen Sancionatorio Aduanero; que es fundamental que . Aceptó que abusó de la confianza de Medina Díaz para cambiar facturas una vez adquiridos los bienes y servicios. Dicha regla existe desde la aprobación del nuevo Código Tributario por el Decreto Legislativo N° 816. complementado con comentarios técnicos de enfoque práctico a cargo de especialistas en la materia. A su turno, Maldonado Padilla indicó (fojas 1249 y 2886) que laboró como contador en la empresa aludida desde mil novecientos noventa y cinco hasta el dos mil tres. Corresponde que la parte demandante cumpla con acreditar los presupuestos de la acción pauliana, a fin de que sea amparada, en el caso de autos, se ha evidenciado que los demandados no han tenido el animus de causar daño o perjuicio al demandante, y tampoco se ha demostrado que la empresa liquidadora quien es la encargada de observar el orden de prelación haya tenido conocimiento de la existencia. Ver: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/8768/9154, [14] José Miguel Rojas Bernal “El criterio de especialidad en materia arancelaria: una interpretación desde la teoría general del derecho” (abril 2009). Análisis del precedente vinculante en materia tributaria en el Perú. . El primer Código Tributario peruano, contenido en el Decreto Supremo No. La acción de inconstitucionalidad es la garantía constitucional que procede interponer contra las normas que tienen rango de ley, cuando estas contravienen la Constitución en la forma o en el fondo (Const., arto 200 inc. 4 y Ley N° 26435, art 20), con la finalidad de que, en tal caso, la norma inconstitucional quede sin efecto para el futuro (irretroactivamente) y con alcances generales . En ese sentido, cree también que debe expedirse una ley de interpretación del Artículo 74° de la Constitución de 1993 que establezca que, salvo las tasas o alícuotas que se reajustan por Decreto Supremo, los derechos arancelarios, como cualquier otro tributo, se crean, modifican o suprimen por ley o norma de rango equivalente. . En: Análisis Tributario, marzo 2008 (AELE) Ver: http://www.aele.com/sites/default/files/archivos/anatrib/08.03%20AT.pdf, [16] Publicada en la página 59302 de la Separata de Casaciones del diario oficial “El Peruano” de fecha 30 de diciembre de 2014. Fundamento destacado.- 13.3. encargado de resolver en última instancia administrativa las reclamaciones sobre materia tributaria, general y local, inclusive la relativa a las aportaciones a ESSALUD y a la ONP, así como las apelaciones sobre materia de tributación aduanera. Asimismo que, el texto constitucional no prohíbe que normas con rango de ley puedan regular algunos elementos de la obligación tributaria-arancelaria (como ocurre en la práctica con ciertos artículos de la Ley General de Aduanas). Esta lista se actualizará permanentemente. BDO USA, LLP, a Delaware limited liability partnership, is the U.S. member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. Asimismo, en la Resolución Nº 09239-A-2011[12] el Tribunal Fiscal ha señalado que si se asumiera la interpretación de los artículos 74° y 118° inciso 20) de la Constitución de 1993, en el sentido que la competencia normativa del Presidente de la República en materia arancelaria se restringe al “quantum” (alícuota) de este tributo; entonces el mismo razonamiento debería ser aplicable para los tributos denominados “tasas”, en donde todos los elementos de la obligación tributaria deberían ser regulados por una norma con rango de ley, salvo lo referido a la alícuota, hecho que en la actualidad no se viene suscitando (aprobación del TUPA mediante Decreto Supremo). Guía de Programación de Audiencias. By using this site you agree to our use of cookies. 2003-2022 (sitio se ve completo en versión web) Pinche aquí para suscribir al Canal de Jurischile. En ambos casos, el sistema te desplegará los resultados de tu búsqueda, y si deseas, puedes descargar e imprimir la resolución de tu . En este caso, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de amparo y nula la Resolución de Ejecución Coactiva por medio de la cual se le exigía al contribuyente el pago de intereses moratorios, aplicando la regla de capitalización de intereses y computando los mismos a lo largo de la etapa de apelación del procedimiento contencioso tributario iniciado contra los valores emitidos por la SUNAT respecto de una deuda tributaria procedente de los ejercicios 1999 y 2000. Libro (I.B.D.) 02398-11-2021, publicada el 2 de abril, es vinculante para la . En los párrafos que siguen, se resumen algunas de las decisiones más importantes en la materia. Av. La RTF No. El 21 de setiembre de 2016 fue publicada en el portal web del Tribunal Constitucional la Sentencia recaída en el Expediente N° 04082-2012-PA/TC, referida a un proceso de amparo seguido contra la Administración Tributaria (SUNAT). HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL . Por tales consideraciones: nuestro voto es porque se declaren infundados los recursos de casación interpuestos por el procurador público de los asuntos judiciales del ministerio de economía y finanzas en representación del tribunal fiscal, de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas seiscientos veinticuatro del expediente principal y la procuraduría publica de la... En este caso, se procesó a lostres sentenciados por los delitos deestafa y asociación ilícita paradelinquir. El Estado Peruano al ejercer su potestad tributaria-aduanera debe respetar los límites que le impone la misma Constitución, como son los Principios tributarios (principios de reserva de la ley, de igualdad, respeto de los derechos fundamentales de la persona, y no confiscatoriedad); así como de los demás Principios jurídicos, entre otros, el de “Jerarquía normativa”, “Pacta Sunt Servanda” y “Primacía del derecho internacional sobre el derecho interno”. en reiterada jurisprudencia, tales como las resoluciones Nº 07727-10-2020, 00232-3-2010, 06749- 2-2006 y 07254-2-2005, entre otras, ha previsto que en la imputación de responsabilidad solidaria a los representantes legales es necesario verificar lo siguiente . El principio de confianza, como parte del instituto de la imputación objetiva, es un criterio que tiene su fundamento normativo en el principio de la autorresponsabilidad, es decir, se tiene la expectativa normativa de que otros actuarán correctamente en sus roles. This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. Portada » Todos los artículos » La potestad tributaria en materia arancelaria a la luz de la nueva jurisprudencia de la Corte Suprema. No es de recibo sostener que desconocía de la doble facturación y que estaba al margen de la ordenación de las facturas de la empresa de cara a los compromisos tributarios de la empresa. ¿Te animas a... No basta la notificación electrónica: Sunat debe tener certeza absoluta de... ¿Qué se debe probar en el delito de defraudación tributaria (obtención indebida de compensaciones)? Ley que crea el fondo y contribución solidaria para la asistencia previsional Sumilla: El principio de legalidad, en materia tributaria, parte del aforismo nullum tributum sine lege, que se traduce como la imposibilidad de requerir el pago de un tributo si una ley o norma equivalente no la regula (FJ 39). La potestad tributaria y el arbitraje en materia fiscal en el Ecuador / 67 4. Dicho procesado señaló durante el proceso (fojas 1233, 1829, 2253, 2809 y 2815) que fue gerente general de la empresa en cuestión y que se dedicaba a dar apoyo técnico de supervisión en la ejecución de obras, contratos y demás asuntos relacionados a la labor de minería; por ello, viajaba a las empresas mineras constantemente. [VÍDEO] Examen Profa: 20 preguntas (con sus respuestas) sobre ordenamiento jurídico…, Clase en vivo por Zoom sobre los procesos constitucionales en materia…, Sunat: aprueban porcentaje requerido para determinar el límite máximo de devolución…, Relación y diferencias entre el PAD y PAS, Bienes propios de un cónyuge pueden responder por obligaciones personales del…, Cinco tipos de responsabilidades en las que pueden incurrir los servidores…, Código Civil peruano [realmente actualizado 2022], Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas (Ley 31589)…, Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972) [actualizada 2022], Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley 27867) [actualizada 2022], Revisa las convocatorias para selección y nombramiento de jueces y fiscales…, Requieren 10 egresados o bachilleres para el área de derecho penal…, Tribunal Constitucional lanza convocatoria con sueldo de 10 000 soles, Sunedu lanza convocatorias con sueldos de hasta 19 800 soles, Defensoría del Pueblo lanza convocatoria CAS con sueldo de 7000 soles, [VÍDEO] ¿Un perito médico puede determinar si hubo lesiones leves o…, ¿Por qué Aníbal Torres renunció a la Presidencia del Consejo de…, [VÍDEO] La función de distinguir el daño del perjuicio y el…, Elvia Barrios: «El trabajo presencial es del juez, pero el juez…, Acuerdo Plenario número dos – dos mil nueve / CJ – ciento dieciséis, Indecopi sanciona a Nestlé porque producto «Maggi Cubito Carne» no contiene carne en lo absoluto (publicidad engañosa) [Resolucion 0191-2022-SDC-Indecopi], ÚLTIMO: Castillo interpone «cuestión previa» por inexistencia de antejuicio político y juez fija audiencia. 2. . “Valor en Aduana de las mercancías según el Código del GATT. Tribunal Constitucional--Jurisprudencia: topic: Perú--Legislación Pese a ello, el decreto supremo no pierde su rango reglamentario. Examen JNJ: Tres preguntas sobre acto jurídico. I INTRODUCCION. Como contador tenía el control de la documentación generada por la empresa y él fue quien elaboró las declaraciones juradas respectivas. 49 0 obj <> endobj De otro lado, los DVA tienen naturaleza de derechos específicos[6] por que fijan su base imponible de acuerdo a cierta cantidad de dólares americanos a pagar por tonelada métrica de la mercancía importada. Sumilla. El artículo 1 de la ley penal tributaria, Decreto Legislativo 813, dispone que: El que, en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de . El TSJ de Valencia, en su Sentencia de 30 de septiembre de 2022, analiza si es correcta la valoración de unos inmuebles efectuada por la entidad recurrente, lo que afectaría al beneficio declarado por esta tras la dación en pago de los mismos para el reparto de parte de los dividendos acordados. Así, esa expectativa (confianza) permite que ya no estemos pendientes de los actos que realicen los otros ciudadanos y, en consecuencia, posibilita que nos avoquemos a nuestras conductas, por lo que puede colegirse que se origina sobre la base de la división del trabajo, donde la especialización hace que cada trabajador confíe en su superior o inferior respecto al trabajo que se esté realizando. . El procesado Maldonado Padilla señaló que fue nombrado jefe administrativo de forma verbal por la confianza que tenía con Medina Díaz. JURISPRUDENCIA EN MATERIA FISCAL EMITIDA POR TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS INTRODUCCION La jurisprudencia tiene gran importancia como fuente de Derecho.

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