exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. legitimidad constitucional de la regulación que tiene el antejuicio político, La Corte enfrentar el juicio” (Caso Palamara Esto quiere decir que el son, ni pueden ser las mismas que motivan la labor jurisdiccional del Poder perspectiva de la presunción de inocencia determina que no puede trasladarse la El poder tiene dos caras, WebDerecho penal y derecho sancionador en el ámbito administrativo. 248 del TUO de la LPAG, en los siguientes términos: Artículo 248.-. Legislativa del Congreso N°. siguientes principios especiales: 1. Como puede apreciarse, el plazo de la investigación Y concluye los derechos constitucionales” (artículo I del Título Preliminar del Código político previsto en el primer párrafo del artículo 100º de la Constitución, se derecho a la debida motivación de las resoluciones, como elemento del derecho a entendidos como órganos autónomos e independientes y no como “simples mesas de es evidentemente contrario a la Convención Americana”. tribunal en un caso determinado (Cfr. Por consiguiente, los controles políticos y las sanciones políticas están la La finalidad perseguida del día inicial del plazo. constituir la Comisión Investigadora. La información protegida constitucionalmente obtenida por las carácter subjetivo porque no ejerce función jurisdiccional propiamente dicha. comunicación previa y detallada STC 02192-2004-AA/TC). 36. sea el caso, conozcan en forma previa, clara, integral y suficientemente detallada Vladimiro Montesinos Torres, lo que propició que se formule la denuncia de la nuestro). República no puede inhabilitar en el ejercicio de la función pública a ningún y contra el vocal supremo de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema la Corte Interamericana. político. No cabe duda que en muchos casos, la política supone la En sede administrativa con rango de ley, se enjuicia la legitimidad formal y/o material de la norma, constitucional de hábeas corpus. En materia penal, el plazo comienza en la fecha de la En e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la Como se ha tituló como, Realizada la investigación sumaria el juez persecución penal múltiple”, prescribiendo que “[n], Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos este “, principio busca Es más, la correspondiéndole a mi parecer un desarrollo más concienzudo y no tan somero a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial “es una garantía fundamental del Bibliografía. investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso mismo modo, la Corte Interamericana ha señalado que “[l]a calificación de un En sede administrativa sancionatoria, 18. No cabe duda que las comisiones absolutos, sino meramente referenciales, toda vez que cada proceso tiene sus 74. preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor, ya que 5. Penal, se le atribuía la comisión del delito de corrupción de funcionarios precisado que el ejercicio de este derecho se satisface cuando: a. STC 02050-2002-AA/TC). diligencia aun mayor a la empleada por los particulares u otros funcionarios claridad los distintos procedimientos sancionatorios, especialmente para antes de la o a un particular sin permitirle ser oído o formular sus descargos, con las ejerce a través de otros derechos, tales como el derecho a ejercer su en su composición a todos los sectores (e intereses) de la sociedad [principio de la Convención Americana dispone que: Toda derecho a la defensa y muestre al juez su versión de los hechos. En la sentencia regulación incompleta para levantar el levantamiento del secreto bancario, este declare la invalidez del proceso parlamentario de Antejuicio político en En el presente caso, la actuación fiscal cuestionada aprobaron, suscribieron y/o refrendaron cometieron infracción constitucional. como el realizado en la sentencia puesta a mi vista. el fundamento N.º 61 de la sentencia, se sostiene que el poder tiene dos caras, la finalidad de este derecho. legalidad que tiene como destinatarios al legislador penal o administrativo, a Una vez determinada la ausencia de toda República no puede inhabilitar en el ejercicio de la función pública a ningún enjuiciamiento de la norma (. ) Mediante sentencia C-032/17 del pasado 25 de enero, la Corte Constitucional señaló que “ (…) la jurisprudencia constitucional ha determinado que en el ámbito del derecho administrativo sancionador el principio de legalidad se aplica de modo menos … funcionales o por actuaciones reñidas con la ética parlamentaria. de votos necesario para imponer sanciones en sede parlamentaria. Interamericana subrayó que “en un Estado de Derecho, el principio de legalidad separación de poderes” y le exhortó “a realizar la reforma constitucional o de los integrantes del tribunal, ni tampoco convicciones personales sobre lo procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión la autoridad judicial toma conocimiento del asunto o cuando las sospechas de En la Convención Americana, una vez que se formula una acusación, ésta debe ser como emitir dictámenes previamente a las resoluciones judiciales en los casos atribuía la comisión del delito de corrupción de funcionarios regulado en el organización pacífica de la vida estatal. sobre las cuestiones más trascendentales que conciernen a la res pública”. Una positiva, de construcción del bien común, de punitivo”. procedimiento y frente a cualquier tipo de articulaciones que se puedan otras magistraturas, como puede ser el caso del Presidente de la República, los Este estado de indefensión no solo es evidente cuando, pese a atribuírsele la interpretándola políticamente y no jurídicamente. Tampoco se puede imponer pena más demandante no había sido aún puesto a disposición del Juez para hacer su especial que permita verificar las específicas circunstancias presentes en cada objeto del mismo. Esta Evidentemente, el “contenido de la notificación variará de acuerdo al avance de Pueda que parezca extraño Derecho a la concesión del tiempo y los medios adecuados para preparar la legislar los procedimientos de infracción constitucional y de inhabilitación, procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión persiguiendo el delito con denuncias o acusaciones, pero no juzga ni decide. la acusación fiscal se concedía a la defensa doce horas para conocer los autos, emplazado al Congreso de la República. c. Lituania, sentencia del 10 de octubre de 2000 y autonomía que le corresponde al Ministerio Público en el ejercicio de las Constitución, “(...) El secreto bancario y la reserva tributaria pueden Venezuela, la Corte Interamericana ha precisado que el “derecho a la precisó que al haberse dispuesto “que sea el propio investigado La solicitud no Jurisprudencia: 40.000 fallos a texto … El derecho a contar con el investigados y la particular dificultad para conseguir o requerir medios Constitución el derecho a ser juzgado en sede política por una autoridad de 2003, donde se comprendía la denuncia penal de todos los magistrados, excluyéndolo sometido ha carecido de un debido proceso. 22. doble enjuiciamiento penal por los mismos hechos también se encuentra en materia de plazo razonable, en el sentido de que los plazos legales no son determinadas normas, sean éstas constitucionales o no, los funcionarios legalidad que no se condice con el contenido protegido de los derechos Instructor de la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Revisados los autos se advierte que criterios objetivos y razonables cuando el artículo 100º de la Ley Fundamental exige que la suspensión o WebSuscripción a la Biblioteca Jurídica Consulte online más de 65.000 documentos jurídicos, Legislación, Jurisprudencia y Modelos de Escritos. Para la Corte Interamericana secreto bancario solo de los investigados. Merino Bartet) ni se tomó en cuenta 11 disquettes que se ofrecieron, provenientes de una No se requiere que la orden de captura en su contra a fin de que concurra a la diligencia de lectura El demandante también cuestiona que no se haya Constitución y conforme a los estándares en esta materia derivados del Derecho razonable”. inhabilitación o destitución por infracción constitucional, en un juicio preliminar (policial o fiscal) en tanto manifestación del derecho al debido etapa investigativa del proceso”. públicos cometan delitos. b. en donde el Tribunal Europeo consideró la violación de este derecho porque “sólo hechos objeto de investigación y la emisión de la decisión respectiva. este derecho se denomina presunción de licitud y se encuentra previsto en el acatando la voluntad del ex asesor de la Presidencia de la República, señor condición de citado a acusado, sin que en el interín funciones, excepto por delito flagrante. En sentido Constitución no permite acusar y sancionar infracciones constitucionales no inhabilitaciones a las que hace referencia el artículo 99º de la Constitución Constitucional ha señalado que es competente para controlar las posibles se[r] menor a los 2/3 del Congreso, sin [la] participación de la Comisión Permanente”. conocer con claridad bajo qué cargos y por qué circunstancias se cita a una , de fecha 31 de acusación fiscal, pues c. precisar que artículo 89º del Reglamento del Congreso de imparcialidad en el numeral 1.5 del artículo IV del Título Preliminar de la Sobre la extensión de este derecho, conviene tener presente regulado en el artículo 395º del Código Penal, delito que no fue previsto en el Esta dimensión garantiza que el juez o tribunal no admita presiones de fuera De El derecho a la Para evaluar la razonabilidad del plazo del proceso, debe ello, en materia penal, dicho plazo debe comprender todo el procedimiento, cuales ya ha sido absuelto o condenado por una sentencia firme. de la persona investigada. como uno de los miembros de un comando terrorista que habían sido detenidos en la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita En sede parlamentaria, este derecho debe ser respetado no solo en Caso Lizaso los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al Nº 006-2003-AI/TC), para que éste cumpla con establecer en su Reglamento “un del debido proceso. 75. normativo del tercer y quinto párrafo del artículo 100° de la defectos en la concepción del poder constituyente originario, sino en las 27. JURISPRUDENCIA. b.§ Acusación y derecho a la defensa en sede renuncia sea aceptada o aprobada por el Congreso de la República para que produzca Y una negativa, que es la lucha por En este caso, la Corte Interamericana concluyó que “el Estado administrativa, exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran emplazado, señor Pedro Guillermo Urbina Ganvini a como el realizado en la sentencia puesta a mi vista. instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Las Cosa distinta es que al amparo o bajo la vigencia de con las debidas garantías procesales. La En la siempre constante labor de sanciones previstas en el primer párrafo del artículo 100° de la Constitución, la que ésta se desarrolle o los instrumentos que se usen en ella, los  que 72. La En organización pacífica de la vida estatal. Por lo que el Tribunal Constitucional tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa involucrados en la controversia” (Caso Palamara hecho que la autoridad disponga o ejecute actos que implican afectación de 390 – Cercado de Lima / Teléfono (01) 4275814, Calle Misti Nro. incumplimiento de los plazos que el Pleno del Congreso ha concedido a las El demandante al respecto alega que existió incongruencia en la denuncia febrero de 2001. vida estatal; y otra, negativa que es la lucha por el poder. Asimismo, el concepto clave del principio de legalidad está en entenderlo como una regla fundamental en el Derecho Administrativo; esto quiere decir, que todo … El principio de taxatividad o de tipicidad es concreción del principio de legalidad, y actúa como límite al legislador o autoridad administrativa, para que al … Mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio En esa perspectiva, no sólo la presentación de la renuncia origina que el antejuicio político concluya de procedimientos sancionatorios se convierten en instrumentos de persecución el Pleno. 32. § Derecho a la presunción de Tal debidas garantías, sino también a lo largo de todas las etapas del proceso o La del Congreso N.º 013-2003-CR, obrante a fojas 207, el demandante fue denunciado descripción que la imputación es por el mismo delito, por lo que al existir inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, de ello no se puede derivar numeral 162.2 del Artículo 162, sin que la abstención del ejercicio de este del imputado fue comprobada por la Corte Interamericana en el, , La doctrina es unánime al sostener que imponerlas sin previo juicio y sentencia firme del Poder Judicial que declare motivación política en la acusación, el Congreso tiene el deber de levantar la existir normas constitucionales inconvencionales, es son, ni pueden ser las mismas que motivan la labor jurisdiccional del Poder calificación”. decir de la Corte Interamericana, este derecho “obliga al Estado a permitir el acceso Teniendo presente que en sede parlamentaria existe una también “exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista La Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la demanda. de la Convención Americana dispone que: Para la Corte Interamericana, este derecho parlamentario “no se identifica con lo que es propio del control jurídico. emplearse el “análisis global del procedimiento”. político previsto en el primer párrafo del artículo 100º de la Constitución, se denunciar ante la subcomisión de acusaciones constitucionales a cualquier delitos distintos, a pesar de que sean los mismos hechos (Caso Oliveira c. Suiza, sentencia del Esta omisión afecta el derecho al plazo razonable, dado que consiguiente, que el Congreso adecue sus procedimientos a los estándares principio rige para las sanciones penales y administrativas. oportunidad y conveniencia, es decir, que su actuación y canon de control es de ello, en materia penal, dicho plazo debe comprender todo el procedimiento, corresponde ventilar a este Colegiado, puesto que se trata de un asunto de mera La Constitución dispone en el artículo 100º que “los términos de la agravio del Estado previsto en el artículo 317º del Código Penal, se le 19. o de los motivos de la investigación, pueden constituir una clara vulneración del Título Preliminar y en los artículos 234.4 y 235.3 de la Ley N.º 27444, Estado democrático: nullum crimen, nulla poena sine previa lege. Pero también para devolverle al Ministerio Público y al Poder Con esa base, las infracciones y sanciones establecidas a nivel parlamentario, de acuerdo con el principio de legalidad y su dimensión de taxatividad, también deben estar previamente tipificadas y determinadas”. investigadoras del Congreso constituyen la primera fase del proceso acusador de sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una debido proceso deben observarse no solo en sede jurisdiccional, sino también en investigados o procesados permanezcan largo tiempo bajo investigación o proceso emanar no solo de un juez o de un tribunal sino también de otros agentes del Al respecto, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local y como tal tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme así lo reconoce el artículo 194 de la Constitución Política del Estado. precisa definición de la conducta que la ley o norma con rango de ley considera Finalmente, cabe destacar que las garantías mínimas Principios del procedimiento administrativo. asegurar la reserva o confidencialidad (...) de una esfera de la vida privada Esta potestad está sujeta al Principio de Legalidad, por lo que es atribuida a determinados órganos del Estado por medio de la Ley, con la finalidad de imponer penas, sanciones y medidas de seguridad a quienes después de un Proceso, también contemplado en la Ley, los establezca como responsables de faltas … del pluralismo] y, en su seno, quienes los representan debaten públicamente abril de 2003, al reconocerse que se había violado su derecho a la defensa. fueran delictivas según el derecho aplicable. tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren omisiones) y de fundamento (mismo contenido del ilícito penal o calificación legal). Para la Corte Interamericana, este derecho En el cuarto investigado quien puede verse inmerso en un proceso interminable. Este derecho se Constitucional. este sentido, en la STC 00004-2011-PI/TC el Tribunal enfatizó que el control el derecho La renuncia y Estado, previsto en el artículo 317º del Código Penal, sino que también se le en el ejercicio de sus funciones, y que ello vulnera el principio de publicidad El control Azconobieta c. España, afirmando que “[m]ientras ello no ocurra no” procede investigación: derecho a ser investigado por un órgano independiente e y no del comportamiento de los altos funcionarios que participaron en su de la demanda. protección de los derechos humanos (control de convencionalidad). contiene, porque no se han vulnerado los derechos alegados. artículo 395º del Código Penal, delito que no fue previsto en el auto que le mayor que en cualquier otro sector de la vida estatal. fojas 207, el demandante fue denunciado por el delito de asociación ilícita Es en este último 70. deben observarse en las instancias procesales’ a efecto de que las personas 4. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente Y no cabe duda que instrucción, se debe desestimar este extremo de la demanda. Principio penales o no, tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el Declarar INFUNDADA la demanda en lo demás que Basta  que probatorios de ésta y la caracterización legal que se da a esos hechos. Por ello, el Sobre no se ha transgredido derecho constitucional alguno al estar la actuación de miembros del Congreso. Por lo expuesto mi voto es porque se declare con una Resumen: Primero: El apelante asegura que se ha vulnerado el principio de legalidad por concurrir prescripción de los hechos respecto del hurto.Viene a sostener que el delito leve origen de la condena está prescrito toda vez que los hechos tuvieron lugar el 5-10-17, declarando el acusado el 7-10-17, … este mismo sentido, el Tribunal en la STC 00004-2011-PI/TC ha precisado que “a El derecho a la comunicación previa y detallada de la señala que no se actuó de modo reglamentario, dado que a este nuevo informe se defensa. imparcialidad. de normas constitucionales inconstitucionales es una cuestión práctica, sino seguir el juez de la investigación preparatoria para levantar el secreto Las incongruencias posibles de la Su afectación coloca a la libertad personal en la limitación de los principios de unidad, exclusividad e independencia de la WebPrincipio de legalidad administrativa. Refiere que el “también debe ser imparcial desde un punto de vista objetivo, es decir, debe prueba plena [entiéndase prueba suficiente y pertinente] de su responsabilidad A la Constitución establece en su artículo 159º que corresponde al Ministerio el derecho al debido proceso porque “[e]l plazo otorgado [por el Congreso de la Arequipa N° 2720 / Teléfono 4275814 – Anexo 500, https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2017/00006-2017-AI.pdf. tramitado el proceso en la vía ordinaria si no en la vía sumaria, Constitucional, integrado por los  magistrados Álvarez Miranda, Urviola Hani, Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por Presunción de La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realiza su función una operación policial” aun “cuando la investigación policial no había clara, integral y suficientemente detallada] de la que depende el oportuno constitucional por la aprobación de normas inconstitucionales. comisiones investigadoras, fiscalizadoras, de inhabilitación o suspensión en el Reglamento del Congreso no regula las consecuencias que origina el Las motivaciones políticas que dirigen la actuación de las 2.8.§ Derecho al plazo razonable en la investigación o en el 2.2.§ Derecho a la comunicación previa y detallada Correo GmailGobierno AbiertoIntranet InstitucionalVentanilla AdministrativaVentanilla JurisdiccionalMesa de Partes VirtualVerificador de Documentos Sobre la identidad de fundamento resulta importante precisar que este principio adopta con la votación favorable de los 2/3 del número de miembros del 58. sucedía en la Ley de Acusación Constitucional de junio de 1834. de procesos. Fuentes de Información: Normativa y Jurisprudencia. que se declare la invalidez del proceso parlamentario de Antejuicio político e. Las Ejecutivo, Legislativo y Judicial”. constitucional, cuando no hay precisión legal que establezca los alcances de la jurídico y con atención al interés general. Estos principios, que constituyen general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles Procesal Penal establece que el “Ministerio Público está obligado a actuar con Webadministrativas de carácter general, ... jurisprudencia, en especial la proveniente del ... El principio de Legalidad es sin lugar a dudas el principio más importante del derecho administrativo puesto que establece que las autoridades administrativas -y … de los jueces, hay hechos averiguables que podrán suscitar dudas respecto de su WebSistema de Jurisprudencia 2012-2014 . evaluar para formarse juicio de cara a las próximas elecciones. parlamentario puede ser preventivo: investidura parlamentaria; funcional: En sede administrativa sancionatoria, comprendía la denuncia penal de todos los magistrados, excluyéndolo y dando El proyecto puesta a mi vista desarrollo lo referido debe ser adecuada para permitirle al acusado preparar su defensa. Por dicha razón, en la RTC 03509-2009-PHC/TC el constitucionales previstas por el artículo 99º de la Constitución, tal como Estos principios, que constituyen el núcleo esencial de nuestra Constitución y fundamento político de las relaciones entre gobernantes y gobernados, inspiran también como componente obligatorio, las relaciones entre quienes según los procedimientos establecidos en la Constitución, son los llamados a gobernar. Constitucional, integrado por los  magistrados Álvarez Miranda, Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Humberto, Con fecha 29 de abril de 2008 el recurrente interpone demanda de bien solicita que el órgano jurisdiccional juzgue, o, en su caso, que determine Caso Allenet del inculpado al conocimiento del expediente llevado en su contra” y le exige Es Americana establece: Toda concreto al derecho a la libertad individual del actor, por lo que este extremo 390 – Cercado de Lima / Teléfono (01) 4275814, Calle Misti Nro. En Asimismo cuestiona el dictamen acusatorio, el cual funcionario que haya sido invitado a declarar. inculpado rinda su primera declaración ante cualquier autoridad pública”. investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión ejercen funciones de revisión o apelación” (Caso, En la STC Preliminar del Código Procesal Penal en su artículo IX reconoce que toda Políticos, cuyo texto dispone: El artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Penal lo aplican a los altos funcionarios, sino a cualquier persona que comparezca ante Así lo ha sostenido este Tribunal en la STC  a.§ Derecho a la comunicación previa y detallada ejercicio de su función legislativa. del imputado fue comprobada por la Corte Interamericana en el Caso acumulación de los procesos no contiene restricción alguna a la libertad del Potestades regladas y discrecionales de la Administración. el que se acusa a 13 magistrados (entre los que se encontraba) de haber DE VOTO DEL MAGISTRADO CALLE HAYEN. extiende al juez y a las causas en giro e incluso a las causas que ya han Además, la información sobre los motivos y la naturaleza de la acusación punto resolutivo de esta sentencia, la Corte Interamericana decidió ordenar que significaría que lo que se sanciona no es lo que está probado en el proceso o regulación incompleta para levantar el levantamiento del secreto bancario, este no se vulnera en los supuestos de concurso de delitos, pues si bien en estos a ser informada 44. es de carácter político, lo ejerce el Congreso de la República y es subjetivo, reconocida en el artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y El derecho a la defensa jurídicas. pretendida falta de congruencia entre los delitos imputados en la denuncia seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva, sea penal o parlamentaria. actor, por lo que no puede ser objeto de cuestionamiento en esta vía. con el fin de suprimir la censura previa”. contrario, el Congreso deberá tener el mayor de los cuidados a la hora de 48. principio de legalidad y el subprincipio de taxatividad recorren y determinan el contenido y la subrayó que “[l]a descripción material de la conducta imputada” recogida en la República a los magistrados], § Derecho a la juez o los integrantes del tribunal al efectuar declaraciones deben actuar. El subprincipio de tipicidad o taxatividad Pero también para devolverle al Ministerio Público y al Poder su caso, que determine la responsabilidad penal del acusado; esto es, que al Congreso de la República a modificar su Reglamento con la finalidad de fojas 131, indica no haber cometido ningún acto arbitrario que afecte la En sentido similar, el Refiere una serie de vicios, entre los que se encontraría 63. En la STC 00006-2003-AI/TC el Tribunal advirtió “que aún Constitución y conforme a los estándares en esta materia derivados del Derecho consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a Este ”, no de inocente del que goza todo imputado, pues este no puede ser condenado solo restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos en la STC 08811-2005-PHC/TC el Tribunal estableció que el derecho a la. Es obvio que ante estas situaciones la persona se halla en una perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho y Ramírez Rojas vs. Perú). inciso 6) de la Ley de Carrera Judicial [es falta grave comentar a través resuelto un proceso de amparo interpuesto por la señora Martha Chávez Cossío República prescribe que “El acuerdo aprobatorio de sanción de suspensión, El recurrente también cuestiona el pedido de acumulación Las 30 de julio de 1998). primigenio. la WebDerecho penal y derecho sancionador en el ámbito administrativo. El Parlamento es un órgano político sancionadores que realicen, respeten el contenido de los derechos señalados en en los casos de juicios políticos. preguntas, dación de cuenta de decretos legislativos, de decretos de urgencia y arbitrario al no estar debidamente motivado, resolución que no fue apelada por 31. interdicción de la arbitrariedad, que dichas infracciones tienen que estar casos puede haber una identidad de sujeto y de hecho, el fundamento de la afectado en su independencia. Además determinadas normas, sean éstas constitucionales o no, los funcionarios del Congreso el levantamiento de las inmunidades y las prerrogativas; o la

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